miércoles, 8 de julio de 2009

Misión de Observación

Informe de la Misión de Observación sobre las represiones ocurridas en Caaguazú a miembros de la Federación Nacional Campesina (FNC).

Elaborado por BASE Investigaciones Sociales (BASE IS) – Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (CODEHUPY).

Desde el 22 de junio de 2009, unos 800 integrantes de la FNC acampaban al costado de la Ruta 7, a la altura del kilómetro 179, barrio Toro Blanco de la ciudad de Caaguazú. Allí realizaban cortes de ruta intermitentes, como mecanismo de presión al gobierno para el cumplimiento de sus demandas y también como medio para dar a conocer la realidad del campesinado a la ciudadanía en general. Entre sus principales demandas se encuentran: la condonación de las deudas de los pequeños productores que, ante la sequía y la baja de los precios de los productos, viven en la desesperación ante la posibilidad de perder todo lo que tienen; la reforma agraria integral como prometió el actual gobierno en su campaña electoral y que incluye, la distribución de tierra, la dotación de infraestructura a las comunidades, la facilitación de servicios de salud y educación, entre otras cosas.

El domingo 5 de julio, a pocos metros del campamento, se produce un violento asalto a un comercio, que termina con la muerte del propietario. Según testigos desconocidos, luego de ocurridos los hechos, los maleantes ingresaron a las carpas de la Federación, con una escopeta que robaron del comercio. Llama la atención que pretendan esconderse a escasos metros de donde cometieron el delito, y además, que según muchos campesinos entrevistados, el comerciante de la zona solía prestar ayuda a los acampados en la ruta.

El lunes 6, a las 7.20 de la mañana, se presenta la fiscala Fanny Villamayor y otros dos fiscales, acompañados de un escuadrón de la policía para catear el campamento, en busca del rifle perdido, que sería la evidencia del crimen. El operativo comienza con toda violencia (algo extraño para un trabajo que debería ser de inteligencia y no de fuerza bruta), y los campesinos y campesinas son dispersados por la ciudad de Caaguazú, donde comienzan a ser perseguidos y violentados por la policía. La policía no respetó territorio, edad, sexo ni condición física de las personas para reprimir. A quien alcanzaban, pegaban con salvajismo, sea anciano, mujer o discapacitado. Según oficiales de la policía quien daba órdenes de ejercer violencia era la fiscala Fanny Villamayor.

Luego de haber sido dispersados, los manifestantes se volvieron a reagrupar en la plaza principal de Caaguazú, donde de nuevo la violencia policial entró en acción. Fueron hasta la Iglesia, pero, al parecer, la orden de dispersar la movilización era tan clara que hasta allí siguió la persecución del aparato represivo. Finalmente encontraron una zona franca, luego de negociaciones con el Intendente municipal, en el tinglado municipal de la ciudad, donde permanecen hasta ahora.

El saldo del operativo fue de varias decenas de heridos, entre los que se cuentan mujeres, menores de edad, ancianos mayores de 70 años, discapacitados. Unas 50 personas fueron detenidas e imputadas por “Resistencia” y “Exposición a riesgos comunes”. La única resistencia que hubo, según mencionan los campesinos fue contra las cachiporras, los balines, los caballos de la montada. Una resistencia por defender la propia integridad física. Además, como en otros casos, las víctimas denuncian el saqueo de sus bienes personales, entre los que se pueden contar celulares, dinero en efectivo, frazadas, colchones y otras cosas.

Llamativamente, y para concluir con las incoherencias de la fiscalía y las fuerzas policiales, en la tarde del mismo lunes 6, otros dos campamentos de la FNC fueron reprimidos y dispersados. Uno, a 15km de Caaguazú, en dirección a Asunción, en la calle Paraguarí, donde había 100 campesinos/as que al ver venir a la policía se adentraron hacia la comunidad Kurusú Araujo, a 7km de la ruta internacional. Hasta allí fueron perseguidos y nuevamente violentados. El otro, a 20km de Caaguazú en dirección a Ciudad del Este, en la localidad de Vyra’ygua. Sobre el caso no se tienen informaciones precisas, pero, el procedimiento habría sido el mismo.

Las imágenes son testigos de la violencia salvaje utilizada por la policía y alentada por los fiscales. Bajo ningún punto de vista se puede seguir justificando este tipo de operativos por parte de la policía. Urge purgar el aparato fiscal y la justicia, al mismo tiempo que la cabeza del Ministerio del Interior debe entrar en razón, para recordar y respetar los Derechos Humanos reconocidos por el Estado paraguayo.

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